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El Sector Público Nacional (SPN) de Argentina continúa inmerso en un riguroso plan de ajuste fiscal, logrando en agosto de 2026 un superávit primario de $1,99 billones y financiero de $0,64 billones. Sin embargo, el panorama general muestra claroscuros y desafíos importantes de cara al cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El proceso de ajuste, iniciado en 2024, ha implicado una drástica reducción real del gasto público del 28,9% respecto a 2023, compensando así una caída de ingresos del 17,1%. A pesar de este esfuerzo, el superávit acumulado en los primeros ocho meses de 2026 es el menor de la era Milei, con una contracción real del 39,1% en comparación con el mismo período de 2024 y del 23,6% respecto a 2025.
La segunda revisión del FMI flexibilizó las metas fiscales para 2026, fijando un objetivo anual de $16,26 billones. No obstante, las proyecciones del propio Gobierno en el Presupuesto 2027 anticipan un superávit de $15,54 billones, quedando $0,72 billones por debajo de lo acordado. Más preocupante aún, la proyección de estacionalidad basada en el año anterior arroja un resultado fiscal de $12,14 billones, lo que implicaría un faltante de $4,12 billones para alcanzar la meta. Expertos coinciden en que el cumplimiento del objetivo anual pactado con el organismo es "altamente improbable".
La prioridad del Tesoro Nacional en la emisión de títulos en pesos capitalizables (LECAP, BONCAP y DUALES) introduce una complejidad adicional. Al incluir los intereses capitalizados, que en junio ascendieron a $2,29 billones, el déficit financiero de agosto de 2026 alcanzaría $1,66 billones, evidenciando un desafío en la gestión de la deuda interna.
Los ingresos del SPN sumaron $15,03 billones en agosto de 2026, marcando un retroceso real interanual del 1,0% y cumpliendo 13 meses consecutivos en caída. El desplome frente a agosto de 2023 alcanza el 17,1% real. Un dato positivo fue el crecimiento del 1,2% real interanual en los recursos tributarios, rompiendo una racha de 14 meses de contracción, impulsado por un repunte puntual en los Derechos de Exportación.
Los Derechos de Exportación aumentaron un 76,8% interanual, el primer crecimiento del año, favorecidos por una baja base de comparación tras el fin del adelantamiento de liquidaciones de 2025. Sin embargo, esta rebaja de alícuotas ha significado una pérdida de recaudación de $2,38 billones a precios de agosto de 2026. En contraste, los Derechos de Importación cayeron un 18,5% interanual, acumulando ocho meses de descenso.
La recaudación por IVA registró una caída interanual real del 4,9%, sumando diez meses consecutivos de contracción y confirmando la falta de recuperación en el consumo interno. Este tributo representó el 20,3% de los ingresos totales del mes.
El gasto público en agosto de 2026 totalizó $13,04 billones, con una variación interanual casi neutra (-0,5% real), pero consolidando un recorte del 28,9% real frente a agosto de 2023. El promedio móvil de 12 meses entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 muestra un ajuste del gasto primario del 28,8% real.
Las áreas más afectadas por los recortes fueron los Gastos de Capital (-79,9% real), las Transferencias a Provincias (-70,6% real) y los Subsidios Económicos (-47,9% real). Si bien las Prestaciones Sociales cayeron un 14,8% real en su conjunto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) registró una suba del 67,4% real, destacándose como una excepción.
Las Prestaciones Sociales, en general, experimentaron una caída real del 13,6% en comparación con agosto de 2023. La Asignación Universal para Protección Social fue la única partida con variación positiva (+95,6%), mientras que "Otros programas" (-59,7%), Asignaciones Familiares (-27,7%) y Pensiones No Contributivas (-12,6%) sufrieron caídas severas.
Los subsidios cayeron un 46,0% real en agosto de 2026 frente a agosto de 2023, con bajas en energía (-49,1%) y transporte (-26,2%). Sin embargo, los subsidios energéticos acumularon un aumento del 31,4% en los primeros ocho meses del año y del 17,3% respecto a diciembre de 2025, alcanzando los $8,94 billones (valores de agosto de 2026) impulsados por el conflicto en Irán.
En contraste, los subsidios al transporte se redujeron un 40,1% real frente a 2023 debido a la suspensión de compensaciones a la Red SUBE en el AMBA, lo que implicó un ahorro de $1,56 billones en el año, equivalente a dos tercios de la recaudación perdida por la rebaja de retenciones a las exportaciones.
Los gastos de funcionamiento cayeron un 35,9% real en agosto de 2026 respecto a agosto de 2023 y un 28,6% en el acumulado de los primeros ocho meses del año. La principal causa de este ajuste es la caída en los salarios del sector público, que registraron un retroceso real del 32,6% frente a agosto de 2023 y del 29,2% en la comparación acumulada, debido al rezago frente a la inflación.
Las Universidades Nacionales también sufrieron un recorte, con una caída real del 17,5% frente a agosto de 2023 y del 23,8% real en el acumulado de los primeros ocho meses del año. La aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario sigue pendiente de resolución judicial, tras un recurso extraordinario presentado por el Gobierno ante la Corte Suprema de Justicia.
Las Transferencias a Provincias mostraron una reducción interanual del 15,2% en agosto de 2026 y un recorte del 75,5% respecto a agosto de 2023. Esta caída en las finanzas provinciales fue parcialmente amortiguada por los giros vinculados al cumplimiento de una medida cautelar de la Corte Suprema que ordenó la restitución de fondos por el traspaso de las funciones de seguridad.
Finalmente, el Gasto de Capital (obra pública) experimentó una caída real del 74,7% respecto a agosto de 2023, reflejando la paralización de la obra pública. Sin embargo, se registró un repunte puntual del 42,5% en la comparación interanual, atribuido a una reorientación marginal de partidas por parte del Gobierno para reactivar obras clave frente a la desaceleración económica y la proximidad de las elecciones.
En resumen, Argentina se encuentra en una encrucijada fiscal. Si bien el ajuste ha generado superávit, los desafíos para cumplir las metas del FMI, la gestión del déficit financiero implícito y las consecuencias sociales y económicas de los recortes en áreas clave demandarán una cuidadosa estrategia y decisiones políticas en los próximos meses.