Domingo
26 de
Marzo de
1978
Domingo
26 de
Marzo de
1978
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que habilita la vía del juicio monitorio para recuperar viviendas sociales. La ofensiva legislativa coincide con una ola de intimaciones en el Boletín Oficial a adjudicatarios que adeudan más de 175 millones de pesos.
En una sesión que expuso visiones contrapuestas sobre la función social del Estado, la Cámara de Diputados de Mendoza otorgó media sanción a un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa reforma la normativa vigente con el claro objetivo de acelerar los plazos judiciales y administrativos para desadjudicar y recuperar de forma rápida aquellos inmuebles del Instituto Provincial de la Vivienda cuyos beneficiarios incumplan con las condiciones del sistema.
El proyecto cosechó 31 votos afirmativos provenientes del oficialismo de Cambia Mendoza, el PRO y La Libertad Avanza, mientras que las bancadas del peronismo y el kirchnerismo sumaron 8 votos en contra. Tras este paso, el texto fue girado formalmente al Senado provincial para su sanción definitiva.
La propuesta legislativa apunta contra los adjudicatarios que incurren en faltas graves como la morosidad reiterada en el pago de las cuotas, el abandono de la propiedad, su alquiler no autorizado a terceros, la cesión de derechos de manera irregular o el falseamiento de datos socioeconómicos durante la inscripción. Para dinamizar la recuperación, el cambio central consiste en incorporar las resoluciones firmes de desadjudicación del IPV dentro del procedimiento monitorio contemplado en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza, lo que transformará el acto administrativo en un título suficiente para tramitar el desalojo por una vía judicial exprés.
Asimismo, se establece que la presentación de recursos de apelación no suspenderá automáticamente el avance del proceso, salvo una disposición excepcional de la Suprema Corte de Justicia. Respecto a los deudores, si bien el articulado no fija un número exacto de cuotas vencidas para la ejecución, en la práctica el organismo activa las intimaciones formales a partir del tercer mes consecutivo de impago.
Esta presión legislativa coincide en el tiempo con un fuerte cerco administrativo desplegado por las autoridades del instituto de vivienda. Durante el mes de mayo, se intensificaron las notificaciones en el Boletín Oficial, intimando a 50 adjudicatarios en situación irregular, a los que se sumaron esta semana otros 20 expedientes urgentes.
Los afectados disponen de un plazo perentorio de diez días hábiles para regularizar sus deudas o presentar un descargo técnico; caso contrario, el Estado queda facultado para declarar la desadjudicación definitiva. Las planillas oficiales reflejan niveles de mora crónicos que superan las cien cuotas vencidas y deudas nominales que perforan los 36 millones de pesos por propiedad. Actualmente, un lote de 18 expedientes publicados por morosidad extrema concentra un pasivo consolidado de 175.984.490,73 pesos.
El mapa de la deuda se concentra con fuerza en Las Heras, con 6 casos que acumulan 78,7 millones de pesos, y en Guaymallén, con 7 notificaciones que suman más de 67 millones, seguidos por Maipú con casi 24 millones, San Rafael con 4,4 millones y Santa Rosa con cerca de 1,9 millones.
En paralelo a la persecución de la cartera de morosos, el área de inspecciones del IPV activó auditorías sobre el estatus ocupacional de las barriadas de la provincia. Uno de los operativos recientes tuvo lugar en el departamento de Tupungato, donde se detectaron severas inconsistencias entre los adjudicatarios originales y las personas que habitaban la casa real, abriendo de oficio un procedimiento de regularización de titularidad para desarmar transferencias ilegales. Desde el Poder Ejecutivo defendieron la razonabilidad de la reforma, argumentando que el sistema se basa en un compromiso recíproco de solidaridad donde el Estado facilita el hábitat y el beneficiario debe retribuir el esfuerzo mediante el pago en término y la ocupación efectiva, garantizando que los recursos públicos se asignen con celeridad a las miles de familias mendocinas con ingresos limitados que permanecen en lista de espera.
