Esto ocurrió en un juicio abreviado que duró cinco horas y en el cual ambos aceptaron su culpabilidad en el delito de peculado.

La jueza penal Marina Martín dictó el juicio abreviado tras el acuerdo entre el fiscal Juan Ticheli, de Delitos Económicos e Informáticos, y la defensa a cargo del abogado Raúl Burela, ratificado por los fiscales adjuntos María Paula Quiroga y Gustavo Pirrello.

La audiencia judicial formalizó el acuerdo de los imputados con la Fiscalía: pena de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para cargos públicos, a cambio del reconocimiento de su responsabilidad penal.

Orozco y Ortiz aceptaron su culpabilidad en la investigación por el presunto desvío de fondos de la Municipalidad de Las Heras a través de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada. La pesquisa apuntó a una maniobra que se desarrolló entre 2021 y 2023, durante la gestión del exintendente.

De acuerdo con la acusación fiscal, el perjuicio para las arcas municipales ascendió a $35.511.386,14, dinero que habría sido transferido mediante cuatro expedientes administrativos vinculados con licitaciones públicas y contrataciones directas.

La investigación reveló que la cooperativa se utilizó para simular servicios de limpieza inexistentes, falsificando planillas y facturas electrónicas para justificar pagos y procedimientos administrativos.

En el caso de Orozco, el acuerdo comprende cuatro hechos de peculado en concurso real, relacionados con las transferencias investigadas. Ortiz, por su parte, aceptó los cargos por peculado en esos mismos procedimientos y por uso de documento público falso. Además, el acuerdo contempla una causa acumulada por amenazas coactivas simples.

Ambos ratificaron su conformidad ante el fiscal Ticheli el 25 de septiembre. Según las actas a las que accedió Los Andes, el exintendente respondió “Estoy de acuerdo”, mientras que Ortiz manifestó “Sí acepto”, después de recibir las explicaciones sobre los delitos atribuidos y las consecuencias del procedimiento abreviado.

Al tratarse de dos ciudadanos que cometieron delitos durante la función pública, el acuerdo fue remitido a los fiscales adjuntos María Paula Quiroga y Gustavo Pirrello para ser ratificados y posteriormente se fijó la audiencia.

La condena formal de Janina Ortiz, diputada provincial electa por La Unión Mendocina y actualmente suspendida en la Cámara Baja, tendrá repercusiones políticas. Una vez que la sentencia sea firme, su situación legislativa será revisada. La vacante resultante se cubrirá según los procedimientos institucionales y la normativa electoral. En este contexto, María Belén Castillo, del PRO, podría ocupar la banca por La Unión Mendocina, dependiendo de la formalización de la vacancia y la aplicación del procedimiento establecido.